Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra auto por el que se desestima la pretensión cautelar presentada contra la orden de demolición de la vivienda unifamiliar, sita. Santiago de Compostela,. Señala la Sala que dada la especialidad de la materia de que se trata, existe un interés público en el restablecimiento de la legalidad urbanística y en la no persistencia de una construcción que ha sido ejecutada sin la preceptiva autorización. Y no cabe afirmar que la ejecución del acto administrativo comporte la pérdida de la finalidad del recurso, ya que no resulta irreversible la ejecución de la orden de demolición recurrida, ello por consecuencia de la compensación económica y la posible reconstrucción que pudiera hacerse al efecto en el caso de estimación del recurso contencioso administrativo. Es cierto que en determinados supuestos de demoliciones la Jurisprudencia ha entendido que llevarlas a cabo podría determinar perjuicios de imposible o muy difícil reparación, asimilables a la pérdida de la finalidad legítima del recurso; pero se refieren, en lo relativo a viviendas, que constituyen el domicilio habitual del interesado, lo que no es el caso que nos ocupa. Y añade que no se justifica esa pretendida apariencia de buen derecho, dado que precisa de un mayor estudio, en el pleito principal y con plenas posibilidades de defensa por ambas partes, y en este caso no se aprecia que sea evidente.
Resumen: Se estima el recurso de apelación formulado contra el auto del Juzgado, que desestima la solicitud de adopción de medida cautelar de suspensión del acto, Resolución del ayuntamiento que acuerda la demolición y restitución del terreno a su estado originario, auto que se revoca, con sus pensión del acto recurrido. Toda orden de demolición por su propia naturaleza implica destrucción de riqueza material, por lo que, si se ejecuta antes de la culminación del proceso pendiente en el que ha de decidirse acerca de su procedencia y legalidad, puede dar lugar, en el caso de que quede revocada posteriormente a perjuicios de muy difícil reparación. Por ello cuando se trata de un supuesto de demolición de obras siempre se ha accedido a la suspensión de la ejecución del acto administrativo, aun en ejecución sustitutoria, dado que pudiera darse en caso de que existieran motivos, en abstracto, para la estimación del recurso que no pueden evaluarse en la pieza de medidas cautelares es procedente la suspensión solicitada.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que declaró ser conforme a derecho resolución municipal que ordenó la demolición de una serie de obras de urbanización y edificación en un domicilio, concediéndole a este efecto un plazo de dos meses, con advertencia de la imposición de multas coercitivas para el caso de incumplimiento. Se trata de resolución en la que por entender no legalizables unas obras es acordada su demolición, viniendo la cuantía determinada por el importe estimado de las obras. En este caso, es la propia documental de la actora la que cifraba un importe claramente inferior a 30.000 euros y ello en un informe técnico convenientemente desglosado y que alcanzaba la cifra de 18.208 euros, que se estima ofrece mayor credibilidad que la mera afirmación contenida en el escrito de alegaciones. El hecho de que en su día se haya considerado como de cuantía indeterminada no obsta a la cuantificación a efectos admisión de la apelación, puesto que conforme a la jurisprudencia del TS la exigencia de que la cuantía supere un determinado importe es materia de orden público que no puede dejarse a la libre disponibilidad de las partes, de aquí que su examen y control corresponda inicialmente al Tribunal "a quo" , y posteriormente, en su caso, al Tribunal Supremo, sin que sea obstáculo ni a la denegación ni a la inadmisión del mismo la circunstancia de que en su día se haya fijado la cuantía como indeterminada. La apelación debe ser inadmitida.
Resumen: La Sala estima en parte el recurso de apelación y revoca la sentencia de instancia ordenando la demolición de las obras construidas al amparo de los actos administrativos anulados y la reposición de los terrenos al estado anterior a dichas obras; así como la incoación de un procedimiento sancionador en materia urbanística. La demanda se interpuso contra un acto por el que se desestimaba solicitud de revisión de oficio de licencias por las que se autorizaban las obras de reconstrucción de un caserío, y el cambio de la ubicación de dichas obras de reconstrucción. El fundamento de la petición era la nulidad de pleno derecho de los actos de licencia, por infracción de normas legales de obligado cumplimiento. La licencia para reconstruir en lugar distinto del que ocupaba es nula de pleno derecho conforme a lo previsto en el art. 47.1.g) de la Ley 30/2015, pues contraviene directamente el régimen de reconstrucción de caseríos previsto en el art. 30.2 LSU. Por tanto, apreciada la nulidad de pleno Derecho de la autorización de la reconstrucción del caserío en lugar distinto de su ubicación original, procede declarar la nulidad del Decreto por el que el Ayuntamiento desestimó la solicitud de revisión de oficio, procediendo declarar la nulidad de pleno Derecho de la licencia otorgada por la que se autorizaba la reconstrucción en lugar distinto del originario, lo que supone ordenar la inmediata demolición de lo construido, con restitución de los terrenos a su estado anterior.
Resumen: Se desestima el recurso contencioso interpuesto contra la resolución autonómica que aprueba definitivamente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana para la ampliación del catálogo de edificios protegidos. El caso concreto trata de la inclusión en el Catálogo de Edificios Protegidos de un inmueble unifamiliar, con un nivel 3, grado parcial. El elemento principal es la fachada 1, respecto de la que se destaca que «tiene composición simétrica, con un cuerpo poligonal central que sobresale en la fachada principal, una puerta de acceso en el lado izquierdo y una ventana en el derecho. Se descarta la pretendida falta de motivación de aplicar el nivel 3, no existe base para tener como arbitraria o carente de motivación tal inclusión, siendo así que sus consideraciones están plenas de razonabilidad, aparecen asentadas en datos objetivos y claramente encaminadas a la protección de un patrimonio que la Constitución manda conservar. En la ponderación de valores que se lleva a cabo no se tiene solo en cuenta el valor intrínseco formal o arquitectónico del inmueble sino también los valores ambiental, histórico o tipológico. Se descarta que haya una pretendida vinculación singular derivada de la catalogación del edificio sin que haya mediado indemnización.
Resumen: Se estima el recurso contencioso interpuesto contra el acuerdo plenario municipal sobre corrección de error material o de hecho del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés en la hoja 47 del Plano de Ordenación y Gestión del Núcleo Urbano, dentro del ámbito del suelo urbano, que se anula, acordándose la rectificación del error material en el que se incurre en la hoja número 47 del Plano Ordenación y Gestión de Núcleo Urbano del PGOU, en tanto que no le corresponde a las parcelas el carácter de dotación de Equipamiento Comercial. El error material se caracteriza por ser «ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y por exteriorizarse prima facie por su sola contemplación». Tal carácter patente y claridad supone la innecesariedad de acudir a interpretación de la norma jurídica de aplicación. Se está, en efecto, ante un error material, no existiendo base para sostener el que las parcelas tengan el carácter de dotación de Equipamiento Comercial, siendo así que su grafía ha de ser coincidente con el resto del ámbito en el que se enclavan, habiéndole de corresponder el código de Industria-Almacén que es el que viene aplicado a todo el ámbito. En consecuencia, tal grafía, en los términos que acaba de exponerse, carece de virtualidad.
Resumen: Se estima el recurso contencioso de los propietarios contra el acuerdo plenario municipal, por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial para el Control Urbanístico Ambiental de Usos para la modificación de uso terciario recreativo categoría ii), actividad de restaurante tipo II, que se anula. Si se observan las pruebas y planos, pese a que figuran 60 asientos, se prevé para la zona público sentado 106 personas, siendo así que solo deberían ser 60. Igualmente, aparecen computadas hasta 8 personas para las zonas de uso privado pese a que la Instrucción los excluye. Consiguientemente, en línea con lo que se alega por la demandante y lo que se ha resuelto por esa Sala y Sección en otras sentencias, solo cabe concluir que el máximo de aforo habría de ser de 100 personas y no de 154, de forma tal que la autorización de aforo que el PECUAU comporta vulnera los criterios que para su determinación se contienen en la Instrucción. Se pretende por el Ayuntamiento la exención de la obligación de disponer de la dotación de aparcamiento, sobre la base de un Informe que contiene genéricas afirmaciones y que aparece huérfano de un sustento técnico que vaya más allá de la valoración subjetiva que en el mismo se observa. Se ha incumplido la obligación de notificar a los propietarios la aprobación inicial, el trámite de información pública y la aprobación definitiva.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que anuló resolución municipal que denegó certificado de innecesariedad de licencia de segregación de una finca registral constituida por una parte rústica de regadío y otra incluida en el asentamiento urbanístico en suelo no urbanizable. A juicio del Tribunal la mera presencia en la zona de construcciones aisladas salvo que se vinculase directamente con la parcela o su inmediata proximidad o colindante, no permite la denegación. En cuanto a la intencionalidad de la solicitante aunque la Administración se refiera a "los restantes litigios" en la oposición a la apelación no se concreta con relación a indicios al efecto (publicidad, objeto social, actividad constructiva) que permitan concluir concurren los requisitos previstos en las NN.UU. para denegar con amparo en los preceptos aplicables de la LOUA lo solicitado que en modo alguno se ha justificado, dada la extensión de la parcela a segregar, no pueda ser (la segregación) compatible con el destino pretendido (acorde a la clasificación como suelo no urbanizable), y que de no cumplirse habría de dar lugar a las actuaciones procedentes de restablecimiento de la legalidad y, en su caso, sancionador".
Resumen: Las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consisten en: (i) Determinar si un instrumento de ordenación urbanística provisional que rescata las previsiones contenidas en un instrumento de planificación general anterior comporta nuevas demandas de recursos hídricos, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.4 del TRLA, cuando se ha producido un descenso de población en el municipio en el periodo que media entre ambos instrumentos de planificación. (ii) Determinar si existe la posibilidad de declarar la nulidad parcial del instrumento de planeamiento cuando sea posible individualizarse una concreta zona o sector de modo que las determinaciones declaradas nulas no afecten al resto del territorio planificado.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que declaró ser conforme a derecho resolución municipal sobre ilegalidad de una terraza aneja a un negocio de bar, por ser incompatible con el planeamiento, ordenando la retirada de la instalación y declarando responsable al promotor de la actuación y titular de la actividad.Examinado el expediente administrativo así como las alegaciones de las partes se considera que el recurso no debe ser acogido al entender que, efectivamente, el acto administrativo objeto de impugnación es conforme a derecho. Aquí no se está tratando propiamente de la existencia de una determinada autorización para ocupación temporal de suelo público (que es el título que esgrime el actor) pues no se trata aquí como cuestión relevante el que el actor disponga de una autorización para esa ocupación temporal de suelo público con mesas y sillas sino el que en relación a la concreta construcción de terraza cubierta se cuente con la licencia urbanística municipal como tal construcción.Por lo dicho, como bien dice la sentencia apelada, no procede acceder a lo solicitado por la parte, sin que sea preciso concretar el alcance del proyecto técnico exigido o si basta con presentar una memoria. En suma, procede desestimar el recurso..
